La Defensora Marisa Graham y el Defensor Adjunto Juan Facundo Hernández disertaron en el panel de apertura del Seminario “Justicia penal juvenil: entre la madurez progresiva y la protección especial”, en el Aula Magna, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
El objetivo del seminario, impulsado por la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, fue abordar la complejidad de la temática, centrando el eje del debate en la ampliación y fortalecimiento del Sistema de Protección Integral.
De la actividad participaron especialistas, jueces y juezas, fiscales, diputadas, diputados provinciales, funcionarias y funcionarios de la provincia como la Dra. Julia Reartes, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba, entre otros.
En su exposición, la Defensora planteó que los proyectos que proponen la baja de edad de punibilidad implican una regresión centenaria. Además, hizo referencia a que es necesario comprender que la autonomía progresiva de las y los adolescentes no los convierte en adultos ni los excluye del sistema de protección.
También sostuvo que es hipócrita promover la baja de edad de punibilidad a la vez que se presenta un proyecto de blanqueo de armas: “¿Nadie se pregunta quién le da un arma a un niño? Para buscar la paz social hay que combatir el crimen organizado que utiliza a los niños”.
La Defensora afirmó que: “el servicio penitenciario de adultos no funciona: hay hacinamiento, pésima alimentación, alta circulación de drogas. ¿A dónde vamos a poner a los niños si se baja la edad?”
A su vez, aclaro que “es regresivo desfinanciar el Plan ENIA, PAE y Progresar, la escuela y la obra pública destinada a primera infancia” y enfatizó en la Observación General Nº 5 del Comité de los Derechos del Niño, según la cual los Estados deben poner el máximo de recursos para las infancias.
Por su parte, el Defensor Adjunto puntualizó que “en nuestro país, la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, sería un retroceso en materia de derechos de niñas y niños. Sí es necesario intervenciones específicas para adolescentes que cometen delitos, pero no en el ámbito penal”.
En este sentido, sostuvo que “la nueva ley de Justicia Penal Juvenil debe cumplir con los estándares internacionales. Es importante destacar que la privación de la libertad tiene que ser el último recurso y por el período de tiempo más breve posible”.
Haciendo foco en la provincia de Córdoba, Facundo Hernández sostuvo que “para desarrollar una intervención respetuosa de los derechos es necesario modificar la ley procesal y rever las acordadas del Tribunal Superior de Justicia con el protocolo de intervención penal respecto de no punibles”.
Por último, en su visita a la provincia de Córdoba, La Defe también estuvo presente en la apertura del Trayecto Formativo “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: territorialidad y políticas públicas” en la Facultad de Educación y Salud junto a autoridades de la Defensoría de Niñez de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Provincial de Córdoba y UNICEF Argentina.