La Defe participó en la 104º Audiencia Pública convocada por el Ente Nacional de Regulación de Gas (ENARGAS) sobre la adecuación de las tarifas del servicio público de gas y su índice de actualización, entre otras cuestiones del sector energético nacional con incidencia directa en las condiciones de vida de las niñeces y adolescencias.
Vanesa Salgado, Directora de Investigación Aplicada, en representación de la Defensora Marisa Graham, planteó en la audiencia las acciones que realiza la institución en su rol de contralor de los tres poderes del Estado y garante de los derechos y las condiciones de vida de las chicas y chicos de nuestro país.
En su intervención, explicó que se realiza un seguimiento de los ingresos monetarios de los hogares donde viven las niñas, niños y adolescentes, para poder observar la suficiencia de estos en relación a sus canastas básicas total y alimentarias.
Vanesa Salgado: “En Argentina, en 57% de las niñas, niños y adolescentes viven en hogares con ingresos que no llegan a cubrir la canasta básica total. Eso es 7 millones de pibes y pibas son pobres y 1.7 millones vive en la indigencia. Y, teniendo en cuenta que el costo en servicios públicos es el 2º en orden de importancia luego de la alimentación, consideramos necesario y obligatorio considerarlo para contextualizar cualquier decisión política y económica que pudiera agravar la ya crítica situación”.
En la audiencia pública, se señalaron dos cuestiones centrales:
Cobertura: Casi la mitad de los hogares con niños y niñas en nuestro país no cuentan con red de gas natural. Eso quiere decir que utilizan otro tipo de combustibles que redunda en mayor peligro e inseguridad.
Acceso: Las tarifas deben ser accesibles especialmente a las familias con niñas, niños y adolescentes.
Salgado resaltó que la Observación General Nº 5 del Comité de los Derechos del Niño (ONU), organismo que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional en cada uno de los Estados parte, establece que:
“…las políticas económicas no son nunca neutrales en sus consecuencias sobre los derechos del niño. El Comité expresa su profunda preocupación por los frecuentes efectos negativos que tienen sobre los niños los programas de ajuste estructural y la transición a una economía de mercado. Las obligaciones relativas a la aplicación establecida en el art. 4 y en otras disposiciones de la Convención, exigen una rigurosa vigilancia de los efectos de esos cambios y el ajuste de las políticas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales del niño”.
La Defe reiteró su preocupación por el impacto del aumento de tarifas de servicios públicos en las familias donde viven niñas, niños y adolescentes, especialmente de bajos recursos económicos. En esta oportunidad, remarcó que no puede avanzarse -como primer medida- en aumentos tarifarios sin conocer previamente cómo se desenvolverán los salarios e ingresos no laborales de los hogares con niñas, niños y adolescentes.
A su vez, destacó la importancia de encontrar espacios de participación y protagonismo para las niñeces y adolescencias. También resaltó que es menester que las audiencias cuenten con dinámicas donde puedan expresarse acerca de cuestiones que atañen a sus condiciones de vida, ya que son ciudadanos plenos y no existe democracia sin ellas y ellos.
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