La Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Dra. Marisa Graham, y el Defensor Adjunto, Facundo Hernández, intervinieron en la reunión informativa convocada por la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN). El encuentro transcurrió el martes 25 de junio y contó con la presencia de diputadas, diputados y especialistas que debatieron sobre “las experiencias, políticas, buenas prácticas y balances” del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).
En su intervención, Marisa Graham indicó que, si bien oficialmente se ha manifestado que el Plan ENIA continúa, los dispositivos destinados a la aplicación del mismo están discontinuados en las provincias que son los territorios donde las niñas y adolescentes efectivamente habitan. “Siempre decimos algo que parece evidente pero no lo es: no hay niñas, niños y adolescentes que nazcan en la Nación, por lo cual, los planes nacionales, si no tienen proyección en las provincias, están en el aire”, aseveró la Defensora.
En este contexto, la Defensoría apeló a exigir la continuidad del financiamiento, dados los resultados que el Plan ha demostrado y que impactan en la integridad y dignidad de chicas y chicos.
A su vez Marisa Graham expresó: “En la República argentina tenemos embarazo infantil, y eso siempre implica abuso sexual, por lo cual ya no estamos hablando sólo de la prevención del embarazo adolescente o del embarazo no deseado sino de un delito.” Agregó en este sentido que “tenemos abuso sexual en todas las provincias y en todas las clases sociales, es importante no estigmatizar regiones ni sectores de la población.”
Por su parte, el Defensor Adjunto, Facundo Hernández, afirmó: “Hoy el Plan ENIA no existe como política pública, y decimos esto con la evidencia de haber escuchado a los 700 trabajadores despedidos. Hay una disminución del 75% del presupuesto respecto al año 2023 y del 80% respecto al 2021.” Señaló a su vez que la Defensoría ha solicitado informes y ha iniciado diversas acciones de denuncia internacional ante el Comité de Derechos del Niño, ante organismos de la Convención Interamericana y relatorías de Naciones Unidas. Es una de las mayores regresiones en materia de niñez y adolescencia, y por ello, desde la Defensoría se está evaluando una acción de judicialización.
La reunión informativa fue convocada dada la desinversión por parte del gobierno nacional, con 619 contrataciones finalizadas que significan una reducción de $1.150 millones de pesos, y la no asignación de insumos. Las autoridades de la comisión presentaron informes al respecto, mientras que otras diputadas y diputados impulsan un proyecto de Ley para jerarquizar al Plan.
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